Reto a la corte, AMLO publica decreto que considera obras de su gobierno como de seguridad nacional

El decreto de protegerá obras de corruptos: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el decreto presidencial que se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se determina que las obras prioritarias de su gobierno son de seguridad nacional y de interés público, es para protegerlas de “insensatos, irresponsables, corruptos” que sólo buscan frenarlas por capricho.

El mandatario nacional indicó este viernes que la decisión de catalogar al Tren Maya y otras obras de infraestructura en el sur del país como de seguridad nacional, es para protegerlas de los amparos de organizaciones civiles financiadas por Estados Unidos, señalando de manera directa al activista Claudio X. González y a Fernando Gómez Mont, ex secretario de Gobernación.

¿Por qué se tomó la decisión de convertir estas obras en acciones de seguridad nacional? Porque quienes promueven los amparos contra estas obras, reciben financiamiento del gobierno de Estados Unidos”, acusó.

López Obrador insistió que se tomó la decisión de enviar el decreto para proteger la zona Sur del país. “Toda esta región debe convertirse en una zona de seguridad nacional y de interés público, sobre todo, los ferrocarriles, los puertos, aeropuertos.

Respecto al pronunciamiento de la Suprema Corte en contra del anterior decreto por el cual se clasificaba “de interés público y seguridad nacional” sus proyectos, aclaró que hubo engaño, porque “no hay ninguna disposición legal para negar información. La Auditoría Superior de la Federación está constantemente haciendo su trabajo en todos los contratos del Tren Maya y en todas las obras y no hay ningún problema en eso, pero sí tenemos que proteger estas obras”, puntualizó.

Información Libia Bucio

Reciben 46 mil michoacanos con discapacidad pensión de por vida: Sedebi

El Gobierno de Michoacán y la federación ejercen una inversión conjunta de 407.8 mdp

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad beneficia a más de 46 mil michoacanos, con un apoyo económico que otorga el Gobierno de Michoacán y la federación a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas indígenas, afromexicanas y/o adultas con alguna discapacidad permanente.

Esto es posible gracias a que el Gobierno de Michoacán y la federación realizan una inversión conjunta para lograr la universalidad de la pensión, es decir, que todas las personas con discapacidad de cero a 64 años reciban el apoyo bimestral de 2 mil 950 pesos.

En el primer semestre de 2023 la administración estatal ejercerá 58 millones 675 mil 500 pesos, mientras que la federación habrá aportado 349 millones 212 mil 150 pesos, para lograr una suma total de 407 millones 887 mil 650 pesos, con el propósito de mejorar su calidad de vida, reducir la desigualdad social, y contribuir a la inclusión plena de las personas con discapacidad.

La Pensión Para el Bienestar de las Personas con Discapacidad ya es un derecho constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que beneficia a personas con alguno de los cinco tipos de discapacidad que se consideran en las reglas de operación del programa de la Secretaría del Bienestar de Michoacán (Sedebi), las cuales son: visual, auditiva, motriz, psicosocial e intelectual.

Actualmente, un millón 200 mil familias michoacanas reciben uno de los programas del Bienestar, lo que equivale a un 85 por ciento de los hogares en el estado.

Por decreto de AMLO, podría cerrarse Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las operaciones de transporte de carga

El anteproyecto exceptúa a los concesionarios y permisionarios que prestan servicios combinados de pasajeros y de carga

Con la finalidad de resolver la problemática de saturación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico (AICM), el presidente López Obrador envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) una iniciativa de decreto para que se cancelen las operaciones de las empresas de servicio al público de transporte aéreo nacional e internacional, regular y no regular, exclusivo de carga.

Quedarán exentos de esta medida los concesionarios y permisionarios que presten servicios combinados de pasajeros y de carga, siempre que la carga sea transportada en las mismas aeronaves que los viajeros.

La medida se justifica porque el AICM está saturado tanto en espacio aéreo como con la capacidad de las terminales, por lo que las operaciones de carga afectan la capacidad de operación de la infraestructura de la terminal.

El documento indica que con el fin de salvaguardar la seguridad de las operaciones aéreas, y la integridad de los usuarios que utilizan el Aeropuerto Benito Juárez, es necesario trasladar la carga hacia la red aeroportuaria disponible en México.

Las empresas tendrán 90 días para mudar sus operaciones de carga fuera del Aeropuerto. Se espera que el decreto entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Información Libia Bucio

AMLO acusó al bloque conservador de estar detrás del amparo promovido contra el nuevo plan educativo

El mandatario federal espera que este amparo se caiga por falta de fundamentos

Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspendiera la implementación del nuevo plan de estudios de educación básica debido a una serie de amparos promovidos por la organización “Educación con Rumbo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que detrás de todo este movimiento se encuentra el bloque conservador.

El mandatario señaló esta mañana que el programa piloto, que entraría en operaciones en 960 planteles del país a partir del sábado 29 de octubre, tiene una suspensión provisional que fue otorgada por un juez.

“De manera temporal y en respeto al Estado de Derecho, no se aplicará el programa piloto del plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria, pero eso no significa que renunciemos a la defensa legal correspondiente”, sentenció.

El amparo es contra el artículo cuarto transitorio del Acuerdo 14/08/22 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF)

“Es un amparo promovido por el bloque conservador porque no quieren que cambien los contenidos del libro de texto, ese es el fondo, y el propósito que tenemos es que se tenga una educación científica, pero humanística, entonces cómo se hizo una consulta con maestros, pedagogos, para ajustar a la nueva realidad los contenidos educativos, de inmediato se opusieron, eso es muy característico de la derecha.

El jefe del Ejecutivo aclaró que acudirán a las instancias legales para continuar con el proceso, “somos perseverantes, si no fuese así, no hubiésemos podido terminar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ni se continuaría construyendo el Tren Maya”, puntualizó.

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ENTRA EN VIGOR SANCIÓN HASTA POR 7 AÑOS DE PRISIÓN PARA QUIENES TOMEN CARRETERAS Y CASETAS

De acuerdo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este día entra en vigor el decreto que modifica el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, el cual sanciona hasta con 7 años de cárcel a quienes tomen carreteras, casetas y cobren ilegalmente los servicios de peaje.

Las nuevas reglas señalan que se sancionará de 3 meses a 7 años de prisión, con multas de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) -de 9 mil 600 a 48 mil pesos aproximadamente-, a quienes “dañen, perjudiquen o destruyan dichas vías o los vehículos de transporte, o que para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje”.

La sanción también aplicará para quienes “interrumpan la construcción de dichas vías y que interrumpan total o parcialmente o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación”.

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre integrantes del Senado de la República aprobaron esta reforma, con el objetivo de frenar las tomas de carreteras y prácticas de cobro ilegal en las casetas de peaje, toda vez, que representan una pérdida monetaria para la industria de la comunicación, además de inseguridad para los transportistas.

Datos proporcionados por la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV), indican que durante el 2020 y 2021, estos actos dejaron pérdidas para los operadores de autopistas por más de 7 mil millones de pesos.

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