Con esta propuesta, el estado tendrá la obligación de asignar presupuesto directo a pueblos y comunidades indígenas
En el Día Internacional de la Lengua Materna, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la iniciativa de reforma al artículo 2° de la Constitución garantiza los derechos de las comunidades y de los pueblos indígenas y afromexicanos del país.
En conferencia de prensa matutina el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, explicó que el eje de esta modificación —propuesta por el Poder Ejecutivo el 5 de febrero— es el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, así como el establecimiento de una personalidad jurídica y el patrimonio propio desde la libre autodeterminación.
De esta manera, dijo, tendrán capacidad de ejercer sus derechos por sí mismos, sin ningún tipo de intermediación y tomar decisiones en sus asambleas, que serán respetadas por el gobierno y la sociedad.
Al explicar el contenido y los alcances de la propuesta, el funcionario mencionó que es resultado del proceso de diálogo y consulta con los pueblos indígenas y afromexicanos celebrado de 2019 a 2021.
“Es muy importante destacar que aquí está la palabra de las autoridades indígenas y representantes que participaron en este proceso. (…) Nosotros afirmamos que esta reforma es un acto de humanidad, es un acto de elemental justicia social, es un elemento constitutivo de la Cuarta Transformación de la República”, resaltó.
Con esta propuesta, el estado tendrá la obligación de asignar presupuesto directo a pueblos y comunidades indígenas, impulsar su desarrollo comunitario, reconocer la medicina tradicional, así como el garantizar los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanos y reconocer sus formas de autogobierno.
Aunado, a que la federación, las entidades federativas y los municipios deberán crear una ley general que establezca las normas y mecanismos que aseguren el respeto y ejercicio de los derechos indígenas; armonizar las constituciones y leyes de las entidades federativas para asegurar reconocimiento como sujetos de derecho público y ejecutar las modificaciones administrativas con el objetivo de adecuarlas a la reforma.
