Esta reforma tiene como antecedente el feminicidio de Ingrid Escamilla, joven asesinada por su pareja y cuyas imágenes del crimen fueron filtradas y difundidas en los medios de comunicación.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la llamada “Ley Ingrid” que propone castigar hasta con 10 años de prisión a los servidores públicos que graben, reproduzcan, compartan, distribuyan o comercialicen imágenes, audio, video, documentos, o información relacionada con una investigación penal, de una víctima o circunstancias de hecho.
La iniciativa, que fue turnada a la Cámara de Senadores para su análisis y discusión, propone reformar el artículo 225 del Código Penal Federal, para evitar la “revictimización”, que es cuando la persona que ha vivido una experiencia traumática, es tratada de manera injusta e incluso puede ser criminalizada por parte de autoridades o instituciones del estado, por el mismo acto del que fue receptora.
Cabe recordar que la “Ley Ingrid” surge como consecuencia de la indignación de la sociedad por la difusión indebida de las imágenes en redes sociales y medios de comunicación amarillistas, de un feminicidio ocurrido en la Ciudad de México el 9 de febrero de 2020.
Se presume que las filtraciones del expediente se hicieron desde la Fiscalía, donde personas sin escrúpulos compartieron información.
Los legisladores estuvieron de acuerdo en modificar el Código Penal Federal, al estipular que la divulgación de información e imágenes de las víctimas de algún delito, constituye una lesión a la dignidad de la persona y a la memoria de las víctimas, por lo que las conductas que vulneran estos derechos, deben ser sancionadas y por supuesto, erradicadas.
Libia Bucio
