Se trabaja bajo una política de cero corrupción
Este año se tienen proyectados más de 2 mil 700 millones de pesos en infraestructura de comunicación vial e hidráulica para el desarrollo productivo de la región Bajío de Michoacán.
En reunión con diferentes sectores de la sociedad, académicos, legisladores, y presidentes municipales, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó avances del programa de infraestructura Michoacán Construye.
Al destacar que se trabaja bajo una política de cero corrupción, armonía y reconciliación con todos los órdenes de gobierno, el mandatario detalló que la concesionaria federal Red de Carreteras de Occidente (RCO), está por concluir la construcción de la autopista Ecuandureo-La Piedad donde se invierten mil 200 millones sobre 22 kilómetros de vía.
Informó que esta última se complementará con la rehabilitación del Libramiento Martí Mercado, misma que inició trabajos este martes para ampliar la vialidad a cuatro carriles, incluir una ciclovía, mobiliario urbano, y alumbrado público, entre otros, para mejorar la seguridad para peatones. El costo de la obra oscila los 477 millones de pesos.
Del paquete de obras multianuales, en la zona Centro se intervendrán más de 266 kilómetros de carreteras; además de que en La Piedad se trabajan obras del Fondo de Aportaciones Estatales para los Servicios Públicos Municipales (Faeispum) de 2022, por un monto de 15 millones de pesos.
Del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, a la demarcación le corresponden 14 millones para trabajar infraestructura vial como pavimentación y reencarpetamiento, por mencionar algunos.
Participaron el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa; la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías; el coordinador general de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, Roberto Arias; presidentes municipales de La Piedad, Yurécuaro, Numarán y Tanhuato; así como legisladores locales, miembros de Observatorio Ciudadano Metropolitano, asociaciones civiles, autoridades de la Fiscalía; también, directivos y académicos de la Univa, del Instituto Tecnológico de La Piedad, Conalep, CBTis, Icatmi, Unidad Regional de la SEE, y de los colegios de Arquitectos e Ingenieros.