Congreso del Estado aprueba reforma constitucional para combatir extorsión en el país

Tras su aprobación, el Congreso del Estado remitirá al Senado de la República

Las y los legisladores de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, votaron a favor de la Minuta con Proyecto de Decreto mediante la cual se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Extorsión. 

De acuerdo con el dictamen puesto a consideración del Pleno por la Comisión de Puntos Constitucionales, la reforma tiene como finalidad generar desde el marco constitucional y posteriormente con la ley general, la persecución del delito de extorsión, lo que permitirá consolidar la estrategia nacional en la materia, además de generar las condiciones para cortar lo que se considera la principal fuente de financiamiento del crimen organizado.

Tras su aprobación, el Congreso del Estado remitirá al Senado de la República la Minuta mediante la cual se faculta al Congreso de la Unión para emitir las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de extorsión, a fin de homologar los ordenamientos jurídicos que darán paso a la coordinación política e institucional con miras a su erradicación.

Ante el Pleno de la 76 Legislatura, las y los legisladores se estableció que la extorsión es un delito que afecta a dos bienes jurídicos tutelados: la libertad y el patrimonio, ya que el primero es el camino para llegar al segundo. “Es pues que el objeto material de esta acción, inminentemente es la persona física en la que recae la violación moral, y que da como resultado la transgresión a bienes muebles, inmuebles e inmateriales”. 

En las consideraciones del Dictamen se precisó que hay tres razones que generan la extorsión en Centroamérica: el crimen organizado, quien con la práctica de la extorsión y los recursos que obtienen, adquieren armas de fuego y droga al mayoreo; la tecnología celular, que permite la expansión del delito, sin la presencia del extorsionador; y, los imitadores criminales, que dan origen a nuevos grupos independientes que se aprovechan de las formas de la extorsión.  

Con la reforma constitucional, se otorgan facultades al Congreso de la Unión para armonizar y unificar criterios en una ley general para combatir el delito de extorsión, lo que permitirá eliminar ambigüedades en las distintas leyes locales, facilitando que la ciudadanía tenga mecanismos claros para ser atendidos, y que las autoridades atiendan a protocolos y procedimientos para la investigación y persecución de esta agresión.

Las y los legisladores michoacanos establecieron que la extorsión es fundamental para la paz de la sociedad, ya que no solo es una afectación económica para las personas, sino crea un ambiente de miedo y desconfianza que aminora el tejido social del Estado. Por lo cual es importante perseguir este delito para fortalecer la seguridad pública y las instituciones encargadas en su persecución.

Un total de 17 cabildos incumplen con la entrega de sus informes de gobierno

Baltazar Gaona señala el incumplimiento correspondiente al ciclo 2024-2025

El diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, informó que 17 cabildos municipales incumplieron con la entrega de su Primer Informe de Gobierno correspondiente al ciclo 2024-2025, tal como lo establece la Ley Orgánica Municipal.

Los municipios que no han cumplido con esta obligación son: Angamacutiro, Angangueo, Apatzingán, Copándaro, Ixtlán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Morelia, Panindícuaro, La Piedad, Los Reyes, Sahuayo, Tacámbaro, Taretan, Tingambato, Tocumbo y Tzintzuntzan.

El legislador petista destacó que 16 municipios presentaron su informe de manera extemporánea, lo cual también constituye un incumplimiento a la normativa. Entre ellos se encuentran: Gabriel Zamora, Briseñas, Venustiano Carranza, Tlalpujahua, Cojumatlán, Pátzcuaro, Paracho, Irimbo, Tuzantla, Uruapan, Vista Hermosa, Ocampo, Chinicuila, Ziracuaretiro, Cotija y Charapan.

En contraste, el diputado resaltó que 79 municipios cumplieron en tiempo y forma con la entrega de su Primer Informe de Gobierno, además del Concejo Mayor de Cherán y una comunidad indígena, quienes mostraron compromiso con la rendición de cuentas y el respeto a la legalidad.

Gaona García recordó que el artículo 40 de la Ley Orgánica Municipal establece con claridad la obligación de los cabildos de presentar su informe en los primeros 15 días de agosto, por lo que el incumplimiento no puede pasar desapercibido.

“Es nuestra responsabilidad velar por la transparencia y la legalidad en el ejercicio de gobierno; no se trata de un trámite menor, sino de un mecanismo que garantiza a la ciudadanía conocer la situación real de sus ayuntamientos”, subrayó el legislador.

Finalmente, adelantó que se establecerán las sanciones correspondientes para los municipios que no cumplieron con la normativa, a fin de que este tipo de faltas no se repitan y se fortalezca la cultura de la rendición de cuentas en la entidad.

Congreso votará por endurecer penas por abuso sexual contra personas con discapacidad

Silla de ruedas

Mujeres y niñas con discapacidad, grupo con mayor riesgo de violencia sexual

En la próxima sesión, al interior del Congreso de Michoacán, los legisladores votarán el dictamen del diputado Víctor Zurita Ortíz, quien propone endurecer las penas por abuso sexual contra personas con discapacidad.

El objetivo del presidente de la Comisión Especial de Atención a Personas con discapacidad, es reformar el Código Penal del Estado, para establecer como agravante el delito de abuso sexual cuando la víctima sea vulnerable, por razón de alguna discapacidad cuya situación la coloque en estado de indefensión y vaya a la cárcel por un periodo de 10 a 30 años.

Asimismo, a través de un boletín de prensa emitido el pasado 19 de noviembre de 2021, el legislador criticó a la anterior administración estatal, al no contemplar en el Plan Emergente para atender la Violencia contra las Mujeres y Niñas en Michoacán, “es decir, nunca figuraron como protagonistas de las campañas para la prevención de la violencia sexual, y mucho menos para su atención”.

En su exposición de motivos, el diputado afirmó que de acuerdo con datos de INEGI, en Michoacán poco más del 17% de la población vive en condiciones de discapacidad y que para las autoridades son invisibles al momento de diseñar sus políticas públicas.

Consideró que las mujeres y niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación, como reconoce la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Es por ello, que desea ser parte del cambio y proponer elevar el tiempo en el que un violador debe permanecer en la cárcel por estos delitos.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las niñas y niños con discapacidad sufren hasta cuatro veces más algún tipo de violencia, incluida la sexual.

ANTECEDENTES

El pasado 17 de marzo del 2022, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, por unanimidad de 474 votos, una reforma al Código Penal Federal con el objeto de establecer que quien cometa el delito de abuso sexual contra una persona con discapacidad se le impondrá una pena de seis a 13 años de prisión y hasta 500 días multa, señala una nota informativa de la página de internet del Congreso de la Unión.

Oscar Méndez