Funcionarios se “apretarán el cinturón” en gobierno de Bedolla

Alfredo Ramírez Bedolla

Gobernador electo asegura que recibe la entidad con un boquete financiero cercano a los 50 mil millones de pesos.

Información Redacción

Michoacán está en quiebra técnica, el Gobierno del Estado tiene un boquete financiero cercano a los 50 mil millones de pesos; 21 mil millones en deuda pública bancaria, 13 mil millones en déficit presupuestal, y el resto en adeudos a terceros institucionales, por ejemplo: 4 mil 800 millones de adeudo con el ISSSTE, mil 580 millones con el IMSS, y 500 millones a Pensiones Civiles.

Así lo expresó el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, quien en su encuentro con los medios de comunicación, expresó que a partir del 1 de octubre se pondrá un alto al derroche de recursos públicos, corrupción y abuso de poder que dejan a Michoacán en quiebra técnica.

Informó que durante su administración los funcionarios y dependencias estarán obligados a seguir una serie de lineamientos orientados a tener un gobierno menos costoso, y más eficaz.

Entre estos ejes destaca optimizar, compactar y eficientar estructuras de gobierno; desaparecerá la figura de asesor en todas las dependencias y las 15 jefaturas regionales que creó Silvano con nivel de subsecretario; además de que no habrá personal asignado a relaciones públicas o diseño de imagen personal, ni contratos eventuales para la atención personal de funcionarios.

Puntualizó que el Centro de Convenciones y Exposiciones (Ceconexpo) de Morelia asumirá la gestión y operación de los salones de Casa de Gobierno, instalaciones del Recinto Ferial, Inmuebles de la Compañía Inmobiliaria, y de Fomento Turístico de Michoacán.

Reiteró que no habrá disposición de helicópteros por parte del gobernador y sus funcionarios, salvo los destinados para la Seguridad Pública y Protección Civil, y no se permitirá la renta de vehículos de lujo para funcionarios, ni remodelación de oficinas o compra de inmobiliario de lujo.

Con estas y otras acciones, garantizó que habrá un gobierno honesto y sin corrupción, a fin de resolver el tema financiero y generar la gobernabilidad que exigen y merecen los michoacanos.

Plan austero en gobierno de Bedolla

Se contemplan ahorros en gasolina, pago de asesores y viáticos.

Información Leticia Ruano

El equipo de transición del gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció medidas de reducción, austeridad y contención para el 2022. Encaminado a un gobierno austero.

En un mensaje a los medios de comunicación, el coordinador del equipo de transición, Isidoro Ruíz Argaiz, informó que la Ley de Ingresos para el próximo año contempla un presupuesto de 75 mil 807 millones de pesos.

Anunció que el paquete económico 2022, que entregó el Gobierno de México al Congreso de la Unión, propone un aumento de 5.9 por ciento en el gasto federalizado para Michoacán. El estado contaría con 6 mil 479 millones de pesos más respecto a lo percibido este año

El presupuesto es muy similar al ejercido en 2021, por lo que contempla aspectos que impactarán de manera negativa.

Luis Navarro García, integrante del equipo, anunció una reducción de entre 7 y 10 por ciento a entidades, organismos autónomos y paraestatales, además de la eliminación de personal de contrato que no sea esencial.

Como parte del plan de austeridad se contemplan recortes a áreas como comunicación social, combustible y gasolina, reducción de asesores, estudios e evaluación, elaboración de diagnósticos, y viáticos.

Se planea también realizar una auditoría a las nóminas del gobierno del estado para descartar aviadores y la revisión a listas de proveedores.

Habrá sanción legal a quienes vendan y compren bienes públicos, advierte Bedolla

Alfredo Ramírez Bedolla

Quienes hagan contratos de compra venta cometerían delitos de cohecho, fraude y corrupción, alerta el gobernador electo.

Información Redacción

El gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, advirtió que su gobierno procederá legalmente contra quienes vendan y compren al margen de la ley predios que son parte del patrimonio de las michoacanas y michoacanos.

Alfredo Ramírez señaló que, en razón de que Congreso del Estado aún no autoriza al gobierno de Silvano Aureoles desincorporar predios del patrimonio estatal y venderlos, cualquier contrato de compra-venta que se realice estará fuera de la ley.

Puntualizó que quienes celebren contratos de compra-venta de bienes públicos podrían incurrir en delitos como fraude, peculado, cohecho y corrupción, por lo que su administración procederá penalmente contra quién participe en la privatización de bienes públicos.

Señaló que a escasos 20 días de que termine el actual gobierno, es poco el tiempo para llevar a cabo el proceso de desincorporación y venta de bienes públicos de manera legal y transparente, por lo que es muy probable que esos predios ya hayan sido vendidos mediante tráfico de influencias.

Tampoco hay garantías del destino que se le daría a los más de 600 millones de pesos que se obtendrían con la venta de los bienes públicos, por lo que estamos ante un proceso evidentemente irregular e ilegal, advirtió Bedolla.