Aprueban diputados una ley para que violentadores no ocupen cargos públicos

En el caso de los deudores alimentarios morosos, no podrán ser registrados como candidatos a cualquier cargo de elección popular

La Cámara de Diputados aprobó, con la mayoría calificada de 455 votos a favor, cero en contra y 25 abstenciones, el dictamen que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.

De esta manera aprueba la “3de3” contra la violencia, por lo que se suspenden los derechos a ocupar cargos públicos a personas agresoras y deudoras de pensión alimenticia.

En el caso de los deudores alimentarios morosos, no podrán ser registrados como candidatos a cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrados para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Qué establece la nueva ley

Establece que se suspenden los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, familiar equiparada o doméstica y violación a la intimidad sexual y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.

Posturas de los legisladores

MORENA

Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada Lidia García Anaya señaló que desde 2021, la iniciativa “3 de 3” fue un lineamiento para el proceso electoral de ese año, y hoy se materializa la suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público cuando se tenga sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales.

PT

En votación económica, se desechó una moción suspensiva del diputado Gerardo Fernández Noroña, quien pidió retirar el dictamen y revisarlo porque tiene problemas de fondo, pues “si bien estoy de acuerdo, con la reforma no se va a mover ningún milímetro la violencia contra las mujeres; seguirán siendo víctimas y se usará para sacar de toda actividad política a compañeras y compañeros. El 20 por ciento de quienes están en el padrón de violentadores son mujeres”.

PAN

La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres consideró que un violentador, es un delincuente y, a ellos se les sanciona no se les premia con cargos. Las mujeres que ocupamos hoy un cargo público, dijo, “debemos impulsar cambios cualitativos en la manera de hacer política y gobernar, así como evitar que la segmentación partidista sea un obstáculo para luchar por la erradicación de la violencia en contra de las mujeres”.

PRI

La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (PRI) expuso que se busca evitar que no sean registrados como candidatas y candidatos a un cargo de elección popular ni ser nombrados en una comisión del servició público, a quienes hayan violentado. “No más agresores en el poder público, la mujer no es un dato, sino una historia de vida y en todas tenemos mucho que aportar”.

PVEM

La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz destacó que las reformas otorgarán certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores y representará dar un paso firme para acabar con las agresiones en contra de las mujeres. “Una de las más graves es la que se genera desde el hogar, pues son las mujeres quienes tienen mayores dificultades reales para allegarse de un ingreso que les permita a ellas y a sus familias satisfacer sus necesidades básicas”.

MC

La diputada Mirza Flores Gómez señaló que la reforma protege a niñas, niños, jóvenes y mujeres de todo el país; se avanza hacia una verdadera paridad sustantiva, ya que establece la obligatoriedad que todo partido político o entidad de la Administración Pública Federal, estatal y municipal exijan a los candidatos a cargos públicos no incurrir en actos que perpetúan la violencia.

PRD

La diputada Olga Luz Espinosa Morales resaltó que con la reforma se suspenderán los derechos para ocupar un cargo público, ya sea candidato o servidor público, a las personas agresoras con sentencia firme o deudores alimentarios. “Se visibiliza la urgencia de un cambio de paradigma para la construcción de un país que las mujeres y niñas queremos y también merecemos. Hoy decimos fuerte y claro: ningún violentador llegará al poder”.

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