Convocan a marcha por un aborto legal, libre, seguro y accesible

Esta movilización partirá a las 17:00 horas el próximo jueves de la Calzada Fray Antonio de San Miguel, rumbo al edificio del Congreso del Estado

Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, también conocido como Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Para conmemorar esta fecha, la organización Interrupción Legal del Embarazo en Michoacán (ILEMICH), que agrupa a diversos colectivos feministas, convocan a una marcha.

Esta movilización partirá a las 17:00 horas el próximo jueves de la Calzada Fray Antonio de San Miguel, rumbo a la sede del Congreso del Estado, donde se contempla una concentración de aproximadamente una hora.

En entrevista Yael Cornejo, vocera de la organización, explicó que solicitarán a los legisladores que el aborto voluntario sea despenalizado, se convierta en una acción legal, libre, segura y accesible.

Y es que, actualmente el Código Penal de Michoacán señala que una mujer que se practique un aborto reciba un cástigo de tres años de prisión y una multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario. Sólo está despenalizado en casos de violación o cuando hay peligro de muerte o de un daño grave a la salud de la mujer embarazada.

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió de manera unanime, el pasado 5 de septiembre despenalizar el aborto a nivel federal; dos años atrás el tribunal dictaminó que ninguna mujer podía ir a la cárcel por abortar, por lo que las y los jueces se ven obligados a desechar el caso penal cuando este llegue a sus manos.

Finalmente, invitó a todas las mujeres interesadas en participar a acudir a la concentración y quienes no puedan, estar al pendiente de las redes sociales donde se prevén acciones y dinámicas de socialización del tema.

Antecedentes

La celebración de este día se debe a la lucha de las mujeres que se reunieron, en noviembre de 1990, en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, llevado a cabo en Argentina, en donde se aprobó, a través de la Declaración de San Bernardo, la proclamación del Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y el Caribe el 28 de septiembre.

Información Saraí Rangel

Proponen PAN y Morena seguro de desempleo

Empleo

Sería operado por la STPS y para los legisladores blanquiazules, el recurso puede obtenerse de disminuir presupuesto al Tren Maya y otras obras.

Información Libia Bucio

Con la finalidad de mitigar los efectos de la tasa de desocupación laboral que trajo la pandemia por Covid-19 y ayudar con la falta de ingresos, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa de ley para crear el “Seguro de Desempleo”.

La propuesta específica que el seguro se entregará a cada trabajador económicamente activo mayor de 18 años que haya laborado en el mercado formal, al menos un año antes de quedar sin trabajo. También propone otorgar estímulos fiscales a quienes contraten a personas desempleadas.

Quien estaría a cargo de entregar los apoyos, sería la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), para lo cual emitiría las disposiciones de carácter general a fin de establecer el padrón de trabajadores que serán sujetos del beneficio, siguiendo los procedimientos establecidos para la entrega del mismo.

Sin embargo, el Seguro de Desempleo traería una repercusión económica de alrededor de 11 mil millones de pesos, cantidad que los legisladores panistas propusieron obtener de la reducción del financiamiento del Tren Maya, de la Refinería de Dos Bocas y del Aeropuerto de Santa Lucía.

Una iniciativa similar fue presentada también ante el pleno por la bancada de Morena a través de su diputado Cesar Agustín Hernández Pérez, quien propuso elevar a rango constitucional el derecho a tener un seguro por desempleo en favor de los ciudadanos, “esto les permitirá llevar una vida de bienestar en este tiempo de pandemia que originó el cierre de empresas y negocios”.

El legislador señaló que este derecho estaría regido bajo los principios de universalidad, justicia social y no discriminación. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social también sería la administradora del programa; los recursos para su funcionamiento se obtendrían del capital ahorrado a través de la política de austeridad republicana y por la venta de muebles e inmuebles decomisados derivados de los actos de corrupción.

Ambas propuestas serán turnadas a Comisiones.