Gobierno de México busca recuperar hasta 650 mdd de operaciones de corrupción de Genaro García Luna

Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de García Luna, está demandada

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Gobierno de México busca recuperar bienes de la nación mediante el juicio en Florida, Estados Unidos, contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

“Levantaron mucho dinero con contratos que se hicieron con el gobierno federal, dinero público que se estima en alrededor de 650 millones de dólares y todo ese dinero se invirtió en Florida, en departamentos, en casas, en yates”, apuntó.

“Por eso se presentó en 2021 una denuncia y sus abogados han buscado tirarla y no han podido. Hace dos días se definió que es procedente lo que se está haciendo por parte del Gobierno de México para rescatar todos esos bienes, reincorporarlos al patrimonio nacional”, explicó.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, puntualizó en conferencia matutina que es histórica la demanda civil promovida desde la federación como parte de la política contra la corrupción y la impunidad.

“El gobierno mexicano en la historia ha hecho muchas reclamaciones internacionales, pero un juicio de este tipo, de una trama de corrupción para recuperar el producto, no hay registro porque esta es una característica nueva que está teniendo México”, resaltó.

La red corrupta de García Luna en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se extendió al de Enrique Peña Nieto. El total de activos en ambos periodos de gobierno está valuado hasta ahora en 645 millones 966 mil 199 dólares.

De 2006 a 2012 se contabilizan 225 millones 212 mil 906 dólares. A la gestión de 2012 a 2018 corresponden 420 millones 753 mil 293 dólares.

El presidente López Obrador reafirmó que el predominio de gobiernos corruptos durante 36 años produjo un proceso de degradación de la política en México que impactó en el crecimiento económico y el desarrollo, lo que generó una crisis de bienestar social.

Declaran procedente Juicio Político contra Aguirre Avellaneda, ex auditor

Se investiga la adjudicación de recursos públicos de la Auditoría Superior de Michoacán a personas relacionadas con él

Las diputadas integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, aprobaron la noche de este martes, el dictamen que da procedencia al Juicio Político promovido en contra del ex titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre Avellaneda.

Con la aprobación de las Comisiones Unidas se declara procedente la denuncia de Juicio Político presentada por Azucena Marín Correa, en su calidad de ciudadana, y, en consecuencia, será sometido a votación del pleno del Poder Legislativo, lo que se prevé podría ocurrir este jueves.

De acuerdo a lo descrito en el dictamen y tras el análisis de la denuncia las legisladoras integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, determinó que el ex titular de la Auditoría Superior, incurrió en las siguientes violaciones contempladas en la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios:

1.-Adjudicar recursos públicos de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) a personas relacionadas con él, así como por no cumplir con su obligación de hacer el pago de contribuciones correspondientes a las prestaciones laborales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y erogaciones por remuneración al trabajo de quienes laboran ahí, lo que viola las leyes fiscales.

2.-Por violar las leyes que regulan la contabilidad gubernamental, ya que los informes firmados por el auditor no reflejan la realidad financiera de la ASM, al no registrar como pasivos los adeudos.

Por lo anterior, las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, determinaron procedente la denuncia de Juicio Político en contra de Miguel Ángel Aguirre Abellaneda.

Dicho dictamen se pondrá a consideración del pleno y de ser aprobado este jueves, es decir, si se da ha lugar al Juicio Político, este se remitiría a la Comisión Jurisdiccional, donde se desahogaría el resto del procedimiento.