• Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE exhortó a las autoridades federales a generar un espacio de diálogo, para encontrar un punto de equilibrio
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestó su desconcierto y preocupación ante el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el cual las obras y proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno federal, se blindan y declaran de interés y seguridad nacional.
A través de un comunicado, Carlos Salazar Lomelín, presidente de dicho organismo, afirmó que el acuerdo del Presidente no se encuentra debidamente fundamentado, ya que su concepto o definición de “seguridad nacional”, excede la ley, vulnera el Estado de Derecho y transgrede facultades de otros poderes.
“Para el sector privado este decreto es preocupante porque instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional que requieran los proyectos y obras insignia del mandatario nacional, poniéndolos por encima de la ley, evadiendo diversas normas constitucionales y legales que tienen por función proteger los derechos humanos, el medio ambiente, la transparencia y el acceso a la información pública, así como los procedimientos y licitaciones para garantizar las mejores condiciones de contratación con recursos públicos”.
En su posicionamiento, la máxima cúpula empresarial señaló que la Constitución reserva el régimen excepcional de seguridad nacional exclusivamente para casos graves que lo justifiquen, “como por ejemplo, lo que tiene que ver con la preservación de la soberanía e independencia del territorio, el mantenimiento del orden constitucional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, así como en casos de espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio, pero no considera a las obras de infraestructura como un riesgo para la seguridad del país”.
Por último, Salazar Lomelín exhortó a las autoridades federales a generar un espacio de diálogo con los diferentes sectores involucrados, para encontrar un punto de equilibrio “que concilie la legítima aspiración de las autoridades de ‘agilizar las obras’, pero sin afectar procedimientos, licitaciones, condiciones de transparencia y acceso a la información pública, costos competitivos y calidad”, puntualizó.
información Libia Bucio
