AMLO: El ejecutivo no se involucrará en el caso Rosario Robles

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Este martes el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, determinó vincular a proceso a Rosario Robles Berlanga, por uso indebido del servicio público

 

Información: Libia Bucio

 

 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo esta mañana en conferencia de prensa, el que el caso de Rosario Robles es es un asunto que está siendo atendido por la Fiscalía General de la República (FGR) y por un juez que pertenece al Poder Judicial. “Además, yo no tengo injerencia, porque a diferencia de otros sexenios, ambas instancias son autónomas del Ejecutivo", indicó.

Respecto al posible involucramiento de otros servidores públicos, como pudieran ser el ex presidente Enrique Peña Nieto y el excandidato a la presidencia, José Antonio Mead, el mandatario manifestó que como parte de la investigación, el juez es quien determinará si se les llama a declarar.


"Hay que esperar, porque hay términos legales y el juez es quien resolverá si hay que llamar a declarar a otras personas... y aunque no soy Poncio Pilato, les digo que no es un asunto nuestro, porque no le corresponde al Ejecutivo involucrarse", destacó al deslindarse del proceso que sigue el caso de Rosario Robles.


Sin embargo el Presidente calificó como un logro el que no haya impunidad, "eso habla de que hemos avanzado y que en el país ya existe un auténtico Estado de derecho, no como antes que sólo existía el Estado de chueco, de cohecho", puntualizó.

Este martes el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, determinó vincular a proceso a Rosario Robles Berlanga, por uso indebido del servicio público, por lo que ordenó dos meses de prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha Acatitla, en lo que concluye la investigación complementaria.


La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Robles como "responsable por omisión", del desvío de más de cinco mil 73 millones de pesos en contra del erario, cuando estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en el sexenio pasado.


A pesar de que los abogados de la ex funcionaria solicitaron al magistrado que el proceso de la imputada se siguiera en libertad, el Ministerio Público argumentó ante el juez que existía el riesgo de que Robles se diera a la fuga, entre otras cosas, porque la ex funcionaria podría alcanzar una pena de hasta 23 años de prisión y el pago de hasta 5 mil millones de pesos por la reparación del daño.