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Por: Libia Bucio

Luego de que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforma la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, comenzaron a surgir los primeros amparos en contra de dicho dictamen.

El juez de distrito segundo en materia administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, suspendió temporalmente la recién aprobada reforma eléctrica, mediante la demanda de amparo interpuesta por dos empresas que tienen permiso para generar energía.

La suspensión dictada por el jurídico beneficiará tanto a las empresas quejosas, como a los participantes del mercado eléctrico mayorista o a los que desarrollen alguna actividad regulada en el sector eléctrico y a quienes se ubican en el régimen transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica antes de ser reformada.

El juez federal añadió que con esto no se deja insubsistente la reforma energética de esta administración, sino que únicamente se postergan sus efectos para conservar la materia del juicio, por lo que fijó como fecha para realizar la audiencia constitucional el próximo 27 de abril; posteriormente, el 18 de marzo se decidirá si se mantiene o no la suspensión de manera definitiva.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Energía de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Régulo Salinas, indicó que tal como se esperaba, ya iniciaron los amparos contra la reforma porque ésta viola la libre competencia al privilegiar y monopolizar a la empresa del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Sé que hay una buena cantidad de empresas que ya tienen armados sus amparos en contra de esta resolución que da preferencia a la electricidad generada de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado”, indicó.

Salinas Garza advirtió que los procesos que se interpongan serán desde amparos por parte de las empresas que se consideren afectadas, hasta controversias en paneles internacionales bajo el amparo de los acuerdos y tratados internacionales como el T-MEC.

“El sector privado espera que el gobierno federal alcance un acuerdo con las firmas, tomando en cuenta las afectaciones generalizadas a todos los participantes privados de la industria, por lo que la expectativa es que el número de recursos interpuestos aumente en los próximos días de manera significativa”, puntualizó.

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