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Reforma de AMLO a la Ley de Hidrocarburos busca empoderar a PEMEX

NACIONAL

Establece restricciones y controles que buscan evitar actos ilícitos, permitiendo la revocación de permisos.

Información Libia Bucio

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos, con la que pretende “desincentivar el comercio ilícito del petróleo, garantizar su abasto, mantener la soberanía nacional en su distribución, así como proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado”.

La Ley de Hidrocarburos aprobada en el 2014, forma parte de la reforma energética del sexenio anterior que permitió abrir a la iniciativa privada, actividades estratégicas de exploración y extracción de petróleo y gas, permitiendo el ingreso de empresas nacionales y trasnacionales a la exploración y extracción de hidrocarburos, así como a la refinación, enajenación, comercialización, transporte y almacenamiento de petróleo; la distribución y venta al público de gas natural y petrolíferos, permitiendo además el transporte por ducto y el almacenamiento de petroquímicos.

Sin embargo, la propuesta de López Obrador -que por el periodo vacacional de Semana Santa podría ser analizada el próximo 7 de abril por las respectivas comisiones-, establece restricciones y controles que buscan evitar actos ilícitos, permitiendo la revocación de permisos en caso de poner en peligro la seguridad nacional o la economía del país.

A su vez, pretende reformar el artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos para que la autoridad pueda contratar a las empresas productivas del Estado en el manejo y control de las instalaciones ocupadas, intervenidas o suspendidas, a fin de dar continuidad a las actividades que ampare el permiso.

El grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, ya externó su apoyo a esta propuesta que prácticamente busca acabar con la reforma energética de Enrique Peña Nieto para dar más poder a Petróleos Mexicanos (PEMEX), por lo que los legisladores trabajarán para aprobarla antes del 30 de abril, fecha en que concluye el último periodo de actividades de la actual legislación.

Por su parte, los partidos de oposición manifestaron que de concretarse dicha reforma, ésta será impugnada.