Con la aprobación de la nueva Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, inicia actividades la LXV Legislatura

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Tras ocho horas de debate, el pleno de la Cámara de Diputados la avaló con 266 votos a favor y 205 en contra.

Información Libia Bucio

Tras ocho horas de debate en su primera sesión, el pleno de la Cámara de Diputados avaló con 266 votos a favor y 205 en contra, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El proyecto de ley tiene como objetivo regular los sujetos de responsabilidad política en el servicio público, las causas y sanciones en el juicio político, los órganos competentes y el procedimiento que debe seguir dicho juicio.

El dictamen especifica que el ordenamiento legal podrá iniciarse durante el tiempo en que la persona servidora pública desempeñe su puesto, cargo o comisión y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones.

“Si la resolución fuera condenatoria, se sancionará a la persona servidora pública con destitución, pero también podrá imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público que van desde diez, hasta treinta años”.

En cuanto al Presidente de la República, éste podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales “y todos aquellos  por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano”.

La Cámara de Diputados se constituiría como órgano de acusación para el desafuero del mandatario y, de aprobarse, continuaría el procedimiento ante el Senado, cuya resolución se orientará a establecer si se encuentra o no acreditada la probable responsabilidad del titular del Ejecutivo en la comisión del delito por el cual se le acusa.

Aunque el proyecto de decreto establece que “no procede el juicio político por la mera expresión de ideas”, los legisladores del bloque opositor alertaron sobre el riesgo de persecución política, a partir de causales especificadas como “el ataque a las instituciones democráticas”.

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