Michoacán ahora cuenta con medidas especiales para evitar incendios forestales

Ecología y Medioambiente

Redacción

Morelia, Michoacán.- No habrá tregua para quienes cometen incendios forestales en Michoacán, a partir del 2016, y por mandato del gobernador Silvano Aureoles Conejo, se decretaron medidas especiales para sancionar y prevenir este tipo de delitos, un delito ambiental de este tipo implica desde seis meses a nueve años de prisión.

Fue por ello que a partir del 4 agosto de 2016, cuando se decretaron las medidas especiales para sancionar y prevenir incendios, se declara como emergencia ecológica y de interés social, el control de la tala o quema de los bosques del Estado para luego ser sustituidos por huertas, sembradíos, pastizales o terrenos urbanos, situación que debe ser atendida de forma inmediata por el Ejecutivo Estatal, a través de la SEMARNACC, la PROAM, la COFOM, la SSP y los propios Ayuntamientos de Michoacán, autoridades que deberán actuar en ejercicio de las facultades conferidas en el presente decreto y en su marco legal.

En dicho decreto también se establece que de no declarar este incendio y no proceder conforme a la norma, los dueños o poseedores de bosques serán a su vez denunciados ante la Comisión Forestal de Michoacán, para que dicha institución proceda bajo las determinaciones administrativas que considere, donde se evitará dar todo tipo de apoyos y permisos para el usufructo de los bosques.

Con una atención especial se atiende la Cuenca del Cupatitzio, región donde fue instalado un comité de vigilancia permanente en la sierra que se encuentra en torno a la ciudad de Uruapan, ello permitirá una vigilancia constante y facilitará un actuar inmediato, tanto para detener los incendios que se presenten en época de estiaje, como para detener a los posibles iniciadores de los incendios.

De manera paralela, también se reformó la ley de protección al patrimonio natural de Michoacán, y se prohíbe que se genere un cambio de uso de suelo en terrenos que han sido dañados por el fuego, dichos predios no podrán destinarse a ninguna otra actividad hasta pasados 20 años después de registrado el incendio, tiempo suficiente para dar paso a la recuperación de los ecosistemas.